Ahome / Sinaloa / La disputa por la instalación de Pacífico Mexinol en Topolobampo escaló a un nuevo nivel luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya condicionó cualquier avance del proyecto a una consulta indígena, mientras comunidades Yoreme, activistas del colectivo Aquí No, empresarios e incluso representantes de Estados Unidos fijaron posturas encontradas sobre una de las inversiones más ambiciosas para Sinaloa.
La tensión estalló durante el acto programado para colocar la primera piedra de la planta de metanol verde, evento que fue suspendido en su sede original tras el bloqueo de manifestantes en los accesos al predio, obligando a trasladar la reunión a una sede alterna en Los Mochis.
Frente a las protestas, Rocha Moya asumió públicamente el compromiso de que la obra no avanzará sin una consulta previa y planteó incluso revisar bajo ese mismo esquema el Polo de Desarrollo proyectado para Topolobampo.
Del lado empresarial y diplomático, el proyecto fue defendido como una inversión histórica. Durante el encuentro, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, describió a Pacífico Mexinol como un referente mundial de transición energética, subrayando una inversión superior a los 2 mil 200 millones de dólares y destacando que la planta busca producir metanol de ultra bajo carbono con uso de aguas residuales tratadas.
Para los promotores, el complejo representa empleos, desarrollo industrial y un nuevo perfil energético para Sinaloa; para los opositores, el conflicto va mucho más allá de una inversión.
El colectivo Aquí No y comunidades indígenas sostienen que el proyecto avanza sin una consulta libre, previa e informada como establece el Convenio 169 de la OIT, y advierten riesgos para la Bahía de Ohuira, un ecosistema protegido bajo categoría RAMSAR, del que dependen familias pesqueras y comunidades originarias.
Entre sus principales reclamos también señalan presunta falta de transparencia sobre impactos ambientales, cuestionamientos sobre la Manifestación de Impacto Ambiental y la aplicación del principio precautorio ante posibles daños ecológicos irreversibles.
El antecedente de la planta de amoníaco en la misma zona ha sido colocado además como referencia legal para exigir que Mexinol enfrente el mismo escrutinio judicial.
Mientras el gobierno estatal abrió la puerta a la consulta y ofreció revisar demandas sociales y ambientales, Pacífico Mexinol ha insistido en que su modelo incluye compromisos comunitarios mediante su programa “Buen Vecino” y sostiene que el proyecto puede coexistir con el entorno.
Lo ocurrido el 23 de abril dejó expuestas dos visiones opuestas: una que ve en Mexinol una apuesta estratégica para la economía y la transición energética, y otra que advierte un riesgo para el territorio, el agua, la pesca y los derechos indígenas.
Por ahora, el proyecto quedó en pausa política y social, en espera de que el debate se traslade del bloqueo y la protesta a los procesos de consulta, legalidad y definición del futuro industrial de Topolobampo.
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